En desplegado en medios nacionales, el MCA denuncia maniobra para dar legalidad al acueducto

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En desplegado en medios nacionales, el MCA denuncia maniobra para dar legalidad al acueducto

Escrito por Redacción

Lunes 17 de Febrero de 2014 21:53

Al C. Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos A la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A la Corte Interamericana de Derechos Humanos El día 21 de enero del 2014, la Tribu Yaqui, en un acto de buena fe, firmó con el Gobierno Federal un convenio en la Secretaría de Gobernación, para quitarle el control de la operación ilegal del Acueducto Independencia al gobernador de Sonora Guillermo Padrés, y garantizar con ello el cumplimiento de las observaciones técnicas y legales que el gobernador ha violado en el afán de convertir el acueducto en un hecho consumado. Días después, el Director de CONAGUA, David Korenfeld, subvierte los términos del convenio y abusando de sus facultades firma un acuerdo con Guillermo Padrés, en el que indebidamente le asigna volúmenes de agua a la Ciudad de Hermosillo para continuar el trasvase ilegal que el Gobierno del Estado ha venido realizando durante los últimos meses. El acuerdo entre Padrés y Korenfeld, ocurre a pesar de que el Director de CONAGUA admitió en abril del 2013, ante la Comisión de Saneamiento y Agua Potable de la Cámara de Diputados, que la obra carecía de autorización para realizar operaciones de trasvase. La gravedad de estos hechos no se limita a la violación del convenio. Al asignar volúmenes específicos para trasvase, CONAGUA atenta contra la Ley Nacional de Aguas y contra los amparos ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que protegen a la Tribu Yaqui, a los productores rurales y a todos los habitantes del Sur de Sonora. El atropello de la dependencia federal se suma a la cauda de violaciones cometidas por el gobierno de Padrés y del ex presidente Felipe Calderón, quienes iniciaron la construcción del acueducto en desacato a resoluciones del Poder Judicial de la Federación. La ratificación de los amparos por la Suprema Corte  se hace en resguardo al derecho elemental de audiencia, tanto a la Tribu Yaqui como a los usuarios agrícolas del Valle del Yaqui. Por lo mismo la CONAGUA está obligada a respetar estos procesos de consulta antes de continuar la operación ilegal de una obra que se encuentra en litigio. El Gobierno Federal promete el respeto a las resoluciones definitivas que para el caso emita la Corte, pero viola los amparos al no suspender la operación ilegal de la obra que carece de Manifiesto de Impacto Ambiental y de permisos de trasvase. Las dependencias federales realizan un despliegue abrumador y de presión sobre la Tribu Yaqui para que admita lo que CONAGUA ha dado en llamar la “operación provisional” del acueducto. Quieren arrancar este consentimiento y  luego presentarlo ante la Corte como un acuerdo “entre las partes” e inducir con ello una resolución que se apoye en la doctrina fascista del hecho consumado, con el propósito de que se claudique ante el decisionismo de estado, sin importar el cúmulo de violaciones al debido proceso. Señor Presidente, Señores Ministros: Si se claudica ante los poderes que pretenden despojar a la Tribu Yaqui y al Sur de Sonora de las aguas del Río Yaqui, desviándolas a la Ciudad de Hermosillo bajo el criterio criminal del rentismo monetario, se sentarían dos precedentes nacionales de suma gravedad: 1.- El agua dejaría de ser un insumo indispensable para el desarrollo económico y la producción de alimentos; se convertiría en mercancía de una minoría de especuladores inmobiliarios. 2.- Se admitiría que cualquier autoridad, bajo el supuesto de procurar el bien, puede violar la ley y el Estado de Derecho. Con ello se debilitaría el principio garantista de nuestra Constitución, al conceder que actos ilegales pueden ser aceptados como hechos consumados. El prestigio internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como defensora de los derechos humanos, se ve amenazado ahora por las presiones de quienes se proponen hacer del Acueducto Independencia una realidad de fuerza. Con ello se desvirtúa también el compromiso que el Presidente Enrique Peña Nieto estableció con el pueblo de Sonora, cuando dijo que el conflicto por el agua “…se tiene que resolver con estricto apego a la ley y al Estado de Derecho; y con proyectos que no dividan a los sonorenses”. Por años los sonorenses hemos demostrado nuestra disposición a unirnos en torno a una política de gestión de más agua para no dividirnos con el reparto de lo que no alcanza. Se requiere incursionar en el prometedor horizonte de la desalación de agua de mar y retomar los grandes proyectos de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste, (PLHINO). Por la Asamblea Permanente del Movimiento Ciudadano por el Agua: Adalberto Rosas López, Alberto Vizcarra Osuna, Mario Mexía Salido, Martha Luz Parada V., Jaime Miranda Pelaéz. Jesús María Martínez Vitela, Marcos Mexia Salido, Alberto Verdugo G., Martín Duarte Carrizoza, Margarita Navarro,Ernesto Garcia Molina, Sergio Antillón O. Rafael Tirado V, Tere Ramos de Tirado, Alicia Diaz Brown R, Román Portela, Lita Leyva, José Antonio Tavarez Madrid, Antonio Vega, Prisciliano Castro Valenzuela, Raymundo Rochín Asociación de Agricultores del  Valle del Yaqui: Presidente Plutarco Pérez Aguirre Elías Calles Ejido Bácum: Presidente Ramón Antonio Enríquez Villegas,Ejido Francisco Javier Mina: Presidente José Hernández Muñoz, Ejido Mariano Escobedo No. 1: Presidente Ramón Valenzuela Alcaráz,Ejido San José:Presidenta Guadalupe Domínguez Gracia,Ejido Francisco I Madero:Presidente José Ángel Bellot Chávez, Ejido El Naranjo No. 2:Presidente Lázaro Valdéz Morales, Ejido Rafael Romero Palacio:Presidente Isaac García Valenzuela. Ejido Jacinto López: Presidente Jesús Gutiérrez Galeana, Ejido Cuauhtémoc Cárdenas: Presidente Raúl Lastra Islas,Ejido Ley Agraria:Presidente Wilson José Enríquez Tolano,Ejido Santa María de Guadalupe:Presidente Benjamín Lujano Magallanes,Ejido Río Yaqui: Presidente Juan Ortega Márquez.